MAPA COMPLETO DE LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES EN JUJUY

Resumen

El texto ofrece un análisis exhaustivo del marco normativo y las vías disponibles para la defensa de los derechos de usuarios y consumidores en la provincia de Jujuy, Argentina, destacando la interacción entre la legislación nacional y la reciente adaptación provincial.

La protección del consumidor tiene su origen en el Artículo 42 de la Constitución Nacional de 1994, que elevó estos derechos a rango constitucional como respuesta al auge del consumo masivo, la desigualdad inherente en las relaciones con proveedores y las privatizaciones de servicios públicos en la década de 1990. Este artículo consagra derechos esenciales como la protección de la salud, la seguridad, la información veraz, la libertad de elección y el trato digno.

La Ley Nacional N° 24.240 (Ley de Defensa del Consumidor), sancionada en 1993 y modificada posteriormente (notablemente en 2008 con la inclusión del daño directo y el daño punitivo), sienta las bases procesales y sancionatorias. En el ámbito administrativo, permite a la autoridad de aplicación imponer multas y, bajo ciertas condiciones, fijar el Daño Directo (una indemnización económica a favor del consumidor). En la esfera judicial, introduce el daño punitivo (multa civil disuasiva) y establece una amplia legitimación activa para iniciar acciones.

A nivel provincial, el reciente Código Procesal Civil y Comercial de Jujuy (Ley N° 6358/2023) modernizó el panorama judicial, asignando a las acciones de consumo el trámite de juicio abreviado. Además, establece el beneficio de justicia gratuita para consumidores, impone una obligación probatoria reforzada a los proveedores y consagra el principio "in dubio pro consumidor" (la interpretación más favorable al consumidor en caso de duda). Un cambio crucial es que, por regla general, los recursos de apelación de los proveedores contra sentencias estimatorias se concede con efecto no suspensivo, buscando evitar dilaciones.

Finalmente, la Ley Provincial N° 5992/16 regula el Procedimiento Administrativo para la Defensa de los Derechos de los Consumidores, estableciendo un trámite gratuito y sin necesidad de asistencia letrada, que se lleva a cabo ante la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor, con el fin de resolver conflictos o aplicar sanciones.